¿Qué se entiende por represalia contra un denunciante?

La represalia es una lista amplia y abierta de medidas perjudiciales

La represalia es cualquier forma de trato perjudicial que sufre una persona que presenta una denuncia porque la ha presentado, y se trata de un concepto mucho más amplio que solo el despido. El artículo 19 de la Directiva (UE) 2019/1937 menciona una serie de ejemplos, y esa lista no tiene carácter exhaustivo: suspensión, degradación, retención de promoción, evaluación negativa, medida disciplinaria, intimidación, exclusión por colegas, discriminación, no renovación de un contrato temporal, cambio de ubicación o horario laboral contra la voluntad de la persona que presenta la denuncia, daño financiero y daño a la reputación están todos cubiertos. También cuenta algo más sutil que una medida formal: ser sistemáticamente excluido de tareas, ser evaluado más duramente de repente que antes, o sentir que un equipo ya no quiere trabajar contigo.

La Directiva va más allá de la persona que presenta la denuncia. Una persona que ayuda a quien presenta una denuncia, un colega considerado testigo, u una organización con la que la persona que denuncia está vinculada —como una empresa propia cuyo contrato se cancela repentinamente— también puede estar protegida contra represalias. Lo que siempre importa es el nexo entre la denuncia y el daño: ¿se produjo la evaluación negativa porque se presentó una denuncia, o fue independiente de ello? El Defensor del Denunciante no evalúa esa pregunta como árbitro para un denunciante individual; quien se enfrenta a posibles represalias puede ponerse en contacto para recibir asesoramiento sobre cómo proceder.

El artículo 19 de la Directiva menciona las formas, el artículo 21 la protección

La base de esta interpretación amplia se encuentra en la Directiva (UE) 2019/1937: el artículo 19 enumera las formas de represalias contra las que se aplica protección, y el artículo 21 regula las medidas que protegen a una persona que presenta una denuncia contra esas represalias, incluida la posibilidad de dirigirse a una autoridad. La Ley de protección de denunciantes incorpora esta protección en la legislación holandesa; para preguntas sobre una situación concreta, el Defensor del Denunciante es el punto de contacto designado.