¿Pueden las empresas dentro de un grupo compartir un canal de denuncia?

Se permite compartir, pero solo para entidades con hasta 250 empleados

Sí, las empresas dentro de un grupo pueden utilizar recursos compartidos para recibir e investigar denuncias, pero esto solo se aplica a entidades con entre 50 y 249 empleados. Un grupo cuyos componentes individuales se encuentren dentro de ese rango puede optar por establecer un canal único que funcione simultáneamente para varias empresas filiales, con un único punto de recepción y una única estructura de tratamiento que siga los mismos plazos y el mismo procedimiento para todas las entidades vinculadas.

Esta excepción no se aplica a entidades con 250 empleados o más: se considera que deben tener su propio canal, incluso si forman parte de un grupo que cumple de otro modo las condiciones para compartir. El número de empleados de la empresa matriz o del grupo en su conjunto no es el punto de partida, sino el tamaño de la entidad jurídica individual. Un grupo con una gran sociedad holding y varias empresas filiales más pequeñas puede encontrarse en una situación mixta: los componentes más pequeños comparten un canal, los mayores tienen su propia solución. Lo que también se mantiene sin cambios, independientemente de si un canal se comparte: el órgano de representación de los empleados de cada entidad vinculada conserva su propio derecho de aprobación sobre la regulación que se aplica a esa entidad, y los plazos para la confirmación de recepción y la evaluación corren por denuncia, no por grupo.

Lo que regula el artículo 8 de la Directiva

Esta posibilidad se deriva del artículo 8 de la Directiva (UE) 2019/1937, que forma la base de las leyes nacionales de protección de denunciantes, incluida la Ley holandesa de protección de denunciantes y la Ley alemana de protección de denunciantes. La Directiva establece explícitamente una distinción entre entidades con entre 50 y 249 empleados, que pueden compartir recursos para recibir denuncias e investigarlas, y entidades más grandes, para las cuales esta excepción no se contempla. Para conocer la forma precisa en que un país ha incorporado esta distinción, la ley nacional de implementación es la fuente apropiada.