¿Es obligatoria una persona de confianza?

Una persona de confianza aún no es obligatoria por ley

Para la mayoría de los empleadores, designar una persona de confianza no es obligatorio por ley en este momento. La Ley de Condiciones de Trabajo estipula que un empleador debe aplicar políticas contra la carga psicosocial en el trabajo —acoso, acoso sexual, agresión, discriminación y presión laboral (artículo 3 de la Ley de Condiciones de Trabajo)—, pero esta disposición no menciona a una persona de confianza como parte obligatoria de esa política. Por lo tanto, un empleador debe tomar medidas contra estas formas de carga, pero la ley no prescribe qué instrumento utilizar. En la práctica, muchas organizaciones optan por designar una persona de confianza porque es una forma reconocible y viable de cumplir con su obligación de cuidado, y porque los empleados suelen solicitarlo.

Esto podría cambiar. Ante la Cámara Alta está pendiente una propuesta de ley de iniciativa privada (35592) que pretende hacer obligatoria la designación de una persona de confianza para abordar la conducta indeseada en el lugar de trabajo. Mientras esta propuesta no sea aprobada y entre en vigor, se aplica la situación actual: ninguna obligación legal explícita, pero sí una obligación de cuidado que en la práctica a menudo conduce a lo mismo. También es importante distinguir esto del canal de presentación de informes interno para infracciones conforme a la Ley de Protección de Denunciantes: ese es un procedimiento diferente, con su propia obligación a partir de cincuenta empleados, independientemente de si se ha designado una persona de confianza. Un canal de presentación de informes sobre cuestiones de integridad no reemplaza a una persona de confianza para conducta indeseada, ni viceversa.

De dónde procede esto: artículo 3 de la Ley de Condiciones de Trabajo y propuesta de ley 35592

El hecho de que actualmente no exista una obligación legal general se deriva del texto del artículo 3 de la Ley de Condiciones de Trabajo: obliga a adoptar políticas, no a designar a un funcionario específico. El movimiento se evidencia en la propuesta de ley de iniciativa privada 35592 que está siendo considerada por la Cámara Alta y que pretende hacer obligatoria la designación de una persona de confianza. Mientras ese proceso no se complete, el estatus de una obligación legal aún no está establecido.