¿Qué se entiende por infracción en la normativa sobre denunciantes?

Infracción: vulneración de la ley con interés público

Por infracción se entiende en primer lugar una sospecha fundada de vulneración de la legislación de la UE en uno de los ámbitos mencionados en la Directiva (UE) 2019/1937, como servicios financieros, blanqueo de capitales, seguridad de productos, seguridad del transporte, medio ambiente, salud pública, protección de los consumidores y protección de datos personales. Además, la Ley de protección de los denunciantes de irregularidades tiene un alcance más amplio que solo la legislación de la UE: también abarca conductas u omisiones en las que está en juego el interés público, por ejemplo un peligro para la salud pública, la seguridad de las personas, daño al medio ambiente, o el mal funcionamiento de la administración pública o una empresa como resultado del incumplimiento de una disposición legal o una norma interna. Siempre se trata de una sospecha fundada, no de una certeza previa.

Lo que generalmente queda fuera es un conflicto laboral puramente individual sin que esté en juego una disposición legal o el interés público: descontento con una evaluación, un desacuerdo sobre un cambio de función o una disputa personal con un supervisor. Esto puede ser relevante como notificación de conducta inadecuada —acoso, intimidación, discriminación—, pero en la ley es una categoría separada junto a la infracción, con su propia posición en el procedimiento. Ambas tienen cabida en el mismo canal de notificación, pero la distinción determina a veces qué protección y qué vía de procedimiento son aplicables.

Fundamento jurídico: artículos 2 y 5 de la Directiva, y la Ley de protección de los denunciantes de irregularidades

El ámbito material de aplicación —los ámbitos de la legislación de la UE a los que se aplica la Directiva— se establece en el artículo 2 de la Directiva (UE) 2019/1937; las definiciones, incluidas las de notificación y vulneración, figuran en el artículo 5 de la misma Directiva. La transposición neerlandesa y la interpretación más amplia del concepto de infracción, incluida la vinculación con el interés público, se recogen en la Ley de protección de los denunciantes de irregularidades.